Las entidades no lucrativas se han dirigido al Gobierno para pedirle que tramite la reforma de la ley del mecenazgo mediante un decreto-ley. Dicha reforma, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril, se encontraba en trámite de aprobación en el Senado, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral al 23 de julio. Con las cámaras legislativas ya disueltas, la única posibilidad de aprobación de dicha reforma es mediante la vía del decreto-ley. 

A continuación, reproducimos el contenido de la carta enviada por las entidades no lucrativas a la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado. 

Estimada ministra:

La convocatoria anticipada de elecciones generales y la disolución de las Cortes ha dejado en el aire la proposición de ley de reforma de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (Cong. De los Diputados, Serie B, núm. 143, núm. de expediente 122/000117).

Esta iniciativa, cuyo trámite de enmiendas estaba cerrado en el Senado, fue ampliamente respaldada en la Comisión de Hacienda del Congreso con 31 votos a favor y sólo 5 abstenciones, gracias al consenso generado entre los grupos parlamentarios y el conjunto de las organizaciones representativas del Tercer Sector.

La culminación de esta reforma daría paso a una modernización de la regulación del mecenazgo. Aunque se trata de una reforma limitada, pues contempla la modificación de 9 artículos, se esperaba que tuviera un gran impacto para todas las entidades sin ánimo de lucro: mejora de la financiación por el incremento del número de donantes y colaboradores y de las donaciones, fortalecimiento de la participación y del tejido de las organizaciones de la sociedad civil y mayor cultura de mecenazgo.

El sector, que expresó públicamente hace unas semanas su satisfacción con esta reforma, vería ahora frustradas sus expectativas, junto con las de sus donantes y sus millones de beneficiarios y usuarios, al verse comprometida la financiación de muchos proyectos de interés general y el apoyo a numerosos colectivos.

Como señala la exposición de motivos de esta proposición de ley, en los años de mayor impacto de la crisis se ha dado la paradoja de que mientras las necesidades a cubrir por muchas de las entidades que trabajaban en actividades de interés general aumentaban, los presupuestos públicos destinados a financiarlas se reducían significativamente, a pesar del aumento de gasto compensatorio durante los últimos ejercicios con el fin de minimizar los efectos de la pandemia y la guerra.

Estos esfuerzos no sólo no alcanzan los propósitos de apoyo e impulso estructural de dichas actividades a medio y largo plazo que se contemplarían en el marco de la modificación de la ley de mecenazgo, sino que no son suficientes para paliar los efectos de la crisis anterior de la que el sector aún no se ha recuperado. En el caso de las fundaciones, entre los años 2009 y 2014 el gasto se mantuvo, se incrementaron los beneficiarios y el empleo mientras los ingresos se reducían. Esta tendencia continúa y se ha realizado a través de la reducción de los fondos propios de las entidades.

Esta realidad económico-social, como señala la exposición de motivos, ha tensionado hasta límites insospechados la actividad de numerosas entidades sin ánimo de lucro. La reforma de la Ley de Mecenazgo se ha convertido, por tanto, no sólo en una norma de refuerzo estructural de un tejido social que es pieza clave en nuestro Estado de Bienestar, sino en una urgencia financiera para el sector. 2

Como pusimos de manifiesto en el acto celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de octubre, esta reforma fue anunciada por el presidente del Gobierno en el último debate sobre el estado de la Nación y afecta a un sector, el de las entidades sin fines lucrativos, que genera un gasto de más de 15.000 millones de euros. Sólo el sector de las fundaciones, como tuvo oportunidad de conocer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, doña Nadia Calviño, genera un impacto económico que alcanza el 2,4% del PIB y promueve la creación de 589.000 puesto de trabajo.

Por todo ello, al tratarse de una reforma parcial de una norma, acordada por la práctica unanimidad de los grupos del Congreso, que viene a paliar una “coyuntura económica problemática” (sentencia del Tribunal Constitucional 17/2023, de 23 de marzo de 2023) consideramos que existen razones de máxima necesidad para que sea tramitada, en los mismos términos, a través de la aprobación de un real decreto-ley a iniciativa del Gobierno posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Firmado:

Javier Nadal, presidente Asociación Española en Fundaciones (AEF)

Eugenia Bieto Caubet, presidenta Coordinadora Catalana de Fundacions

Eloi Planes, presidente ejecutivo Fundació Catalunya Cultura

Luciano Poyato, presidente Plataforma del Tercer Sector

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Glòria Oliver, presidenta Asociación Española de Fundraising

Antonio Pulido, presidente AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas

Carlos Zamora, presidente Asociación Extremeña de Fundaciones

Ignacio Soler, secretario Asociación de Fundaciones Valencianas

José Luis Ruiz de Munain, presidente SpainNab – Consejo Asesor para la Inversión de impacto

Iñaki Mendióroz, presidente de Fundaciones de Navarra

Eva Ortega-Paíno, secretaria general de Raicex (Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior)