Las necesidades sociales, presentes en el día a día de cada uno de los países en el mundo, son cada vez más complejas y difíciles de resolver. Destinar recursos e instrumentos para su gestión es imprescindible si queremos, por ejemplo, cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos en la Agenda 2030 de la ONU.

Las fundaciones llevan mucho tiempo haciéndolo. Tienen la capacidad, experiencia y legitimidad para ello con un impacto económico de más de 27.000 millones de euros anuales generados por sus actividades de interés general que alcanzan con sus actuaciones a más de 43 millones de personas.

Entre estas actividades se encuentran las relativas a cumplir objetivos sociales, culturales o medioambientales. En este sentido, podemos decir con orgullo que son actores principales, a veces únicos, en el impulso de proyectos sociales en fases muy incipientes, como capital filantrópico. Como ejemplo, el papel de las fundaciones en la investigación básica, sólo superada por la inversión pública.

Para dar respuestas a todas esas problemáticas sociales y a su complejidad, se necesita un abordaje y una visión amplia que aúne la cooperación entre el sector público, las entidades sociales y también el capital financiero. En este contexto, la inversión de impacto ha venido a sumarse, precisamente, como un instrumento financiero con gran potencial para abordar esos retos.

Pincha aquí para leer al completo esta tribuna de la directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Isabel Peñalosa, en El Español.